La inseguridad, las amenazas y la presencia de grupos criminales han obligado a miles de familias guanajuatenses a dejar sus viviendas y trasladarse a otros lugares, en un fenómeno de desplazamiento forzado que continúa sin contar con registros completos ni mecanismos suficientes para garantizar la protección de las víctimas.
El académico Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana León, señaló que la problemática suele permanecer invisibilizada porque no siempre se presenta mediante la salida masiva de comunidades enteras. En muchos casos, las familias abandonan sus hogares de manera individual o gradual, después de recibir amenazas o quedar expuestas a la violencia de organizaciones delictivas.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, alrededor de 25 mil 900 hogares de Guanajuato reportaron que al menos uno de sus integrantes cambió de residencia por motivos de inseguridad o violencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025. En conjunto, esos hogares agrupan aproximadamente a 87 mil 100 personas, aunque la cifra no significa que todas hayan sido desplazadas.
Lorusso advirtió que las instituciones pueden intervenir para sacar a las personas de una situación inmediata de peligro, pero no siempre garantizan las condiciones necesarias para reconstruir sus vidas. Entre las principales carencias mencionó el acceso a vivienda, empleo, estabilidad económica y acompañamiento para una eventual reintegración.
El problema también afecta a periodistas, defensores de derechos humanos e integrantes de colectivos de búsqueda, además de familias que no tienen presencia pública y cuyos casos difícilmente llegan a las estadísticas. El investigador consideró que la protección debe incluir acciones para recuperar la seguridad en las comunidades de origen, pues trasladar a las víctimas no resuelve el riesgo si los grupos criminales continúan operando en esos territorios.
La falta de información sobre cuántas personas permanecen desplazadas, cuántas han podido regresar y cuántas perdieron definitivamente sus hogares representa otro de los pendientes. Por ello, el académico planteó fortalecer los registros y las políticas públicas para atender las consecuencias sociales, económicas y comunitarias de este fenómeno.






