La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el 21 de octubre que los 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, eran legales, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyera la investigación relacionada con el caso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la empresa Grupo SIMSA contaba con los permisos necesarios para almacenar el hidrocarburo. Sin embargo, señaló que la investigación había identificado irregularidades relacionadas con el transporte del combustible que ingresaba a las instalaciones.
Sheinbaum indicó que esas observaciones fueron atendidas por la empresa, que acreditó contar con las autorizaciones correspondientes para el almacenamiento. El reconocimiento modificó el panorama del aseguramiento anunciado en septiembre como uno de los decomisos de hidrocarburos más grandes del país.
El combustible fue localizado en instalaciones ubicadas en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, donde las autoridades también aseguraron 10 tanques de almacenamiento y tres unidades de carga. En un primer momento, la operación fue presentada como parte de las acciones contra el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
El caso generó cuestionamientos sobre las pruebas que motivaron el operativo y el procedimiento de la Fiscalía. La situación pone de relieve la diferencia entre contar con permisos para almacenar combustible y acreditar la legalidad de su procedencia, transporte y comercialización.
