El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, continúa bajo investigación ante las dudas surgidas sobre el origen y la trazabilidad del hidrocarburo. El periodista Carlos Loret de Mola planteó que el operativo pudo haber sido presentado inicialmente de manera incorrecta por las autoridades, aunque dicha interpretación corresponde a su análisis y no constituye una conclusión oficial sobre el caso.
De acuerdo con lo expuesto por Loret de Mola, durante una reunión del gabinete de seguridad federal se habría informado que hasta ese momento no existían elementos suficientes para acreditar que el combustible tuviera un origen ilícito. El periodista cuestionó además la forma en que fue presentada públicamente la intervención realizada en una terminal de almacenamiento ubicada en la comunidad de La Fragua.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó el 3 de julio, después de que un conductor fuera detenido mientras transportaba 33 mil litros de diésel en San Luis de la Paz sin acreditar su trazabilidad. Las diligencias posteriores llevaron a otros inmuebles y finalmente a la terminal de San José Iturbide.
En el inmueble fueron asegurados más de 59 millones de litros de hidrocarburos, distribuidos en aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina Premium y 18.3 millones de diésel, además de tanques, vehículos y documentación relacionada con las operaciones.
La FGR informó posteriormente que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación para revisar la propiedad, procedencia y trazabilidad financiera y fiscal del combustible.
El caso también generó cuestionamientos debido a la postura de Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA que opera la terminal, la cual sostiene que cuenta con permisos para almacenar petrolíferos y que el combustible pertenece a sus clientes. La compañía afirmó haber entregado documentación a las autoridades para acreditar la legalidad de sus operaciones.
Ante las dudas surgidas, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR explicar qué elementos llevaron al aseguramiento y si existía alguna actividad ilegal relacionada con el combustible.
Por ahora, la investigación permanece abierta y la legalidad del total de los hidrocarburos asegurados deberá determinarse a partir de la documentación y las diligencias de las autoridades competentes.
