Dos ex trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus denuncias por presuntos casos de acoso laboral y sexual, luego de señalar que durante más de un año y medio no han obtenido una resolución de las autoridades estatales.
Los afectados, quienes tenían más de una década de servicio, aseguran que fueron despedidos en octubre de 2024 después de denunciar situaciones de acoso dentro de la dependencia. Además de iniciar un proceso laboral por su despido, recurrieron a distintas instituciones estatales en busca de protección y justicia.
Uno de los denunciantes, Daniel Cortez Rayas, exjefe de Salud Mental de la Secretaría de Salud, también presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado luego de recibir una amenaza de muerte relacionada, según su testimonio, con sus señalamientos sobre el presunto acoso dentro de la dependencia.
La investigación de la Fiscalía identificó como presunto responsable de esa amenaza a Mario “N”, quien se desempeñó como coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Guanajuato. El caso quedó registrado en una carpeta de investigación iniciada en marzo de 2025.
Los ex trabajadores también recurrieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, donde se abrió un expediente, y posteriormente solicitaron apoyo a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Sin embargo, señalaron que no han recibido una respuesta definitiva sobre sus denuncias.
Ante la falta de avances, en julio de 2026 presentaron el caso ante la CIDH, organismo internacional que actualmente mantiene el asunto en estudio.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha informado que mantiene una política de cero tolerancia frente al acoso y hostigamiento laboral y sexual. La dependencia señaló que entre septiembre de 2024 y el primer semestre de 2026 fueron rescindidos los contratos de 30 trabajadores, de los cuales 17 estaban relacionados con casos de acoso u hostigamiento sexual y 13 con violencia laboral.
El caso permanece abierto tanto en las instancias estatales como ante el organismo internacional, mientras los ex trabajadores continúan buscando una resolución a las denuncias que presentaron.
