El estado de Veracruz se ubicó entre las entidades con mayor nivel de endeudamiento subnacional del país, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024 presentado por la Auditoría Superior de la Federación el cual señala que la entidad concentra un saldo de deuda pública por 48 mil 879.6 millones de pesos.
Según el informe, Veracruz forma parte del grupo de diez entidades que concentran más del 75 por ciento de la deuda estatal a nivel nacional, junto con Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sonora, Baja California y Michoacán.
En el desglose financiero, la entidad mantiene una disponibilidad a corto plazo clasificada como nivel bajo y una capacidad de pago considerada media.
El reporte indica que, conforme al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, el endeudamiento del estado se cataloga como sostenible, aunque se mantiene por encima del promedio nacional.
La ASF precisó que el monto actual corresponde en gran parte a obligaciones acumuladas en administraciones anteriores, a pesar de los procesos de reestructuración financiera aplicados en años recientes.
En materia de transparencia, el organismo fiscalizador informó que Veracruz registró un incumplimiento del 2 por ciento en la entrega de información financiera municipal, dentro de los 692 municipios evaluados en el país.
Este resultado refleja pendientes en la armonización contable a nivel local.
En el mismo ejercicio de fiscalización, la ASF reportó a la Cámara de Diputados que, a nivel nacional, la revisión de la Cuenta Pública 2024 arrojó alrededor de 65 mil millones de pesos por aclarar.
Las observaciones corresponden a posibles irregularidades como pagos sin documentación, subejercicios, inconsistencias en contratos y obras, así como transferencias sin acreditación de destino final.
El organismo señaló que estas observaciones no implican de manera automática un daño patrimonial, ya que las dependencias, estados y municipios cuentan con plazos legales para solventar o justificar el uso de los recursos y de no hacerlo, podrían iniciarse procedimientos administrativos o resarcitorios, como parte del proceso anual de fiscalización del gasto público.
