León, Gto. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local aprobó la aplicación de una técnica de evaluación para los aspirantes a la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.
El proceso se desarrollará en cinco fases, con la etapa de diálogo programada para el 28 de febrero y la decisión final en marzo. Será el 19 de febrero cuando se presente la evaluación de cada diputado a los aspirantes, con la conformación de la terna el día 21 y su votación en el Pleno el 27 de febrero.
Durante la sesión de la comisión, Morena propuso agregar la imparcialidad como un sexto criterio de evaluación, lo que generó un debate entre los legisladores. La propuesta fue rechazada por el PAN, argumentando que la imparcialidad ya está contemplada en los cinco criterios establecidos previamente.
Según la panista Ana María Esquivel Arrona, los criterios están diseñados para evaluar los planes de trabajo, conocimiento y requisitos legales de los aspirantes, asegurando que la imparcialidad se mida indirectamente. «El proceso de selección es solo la primera parte, después se dará seguimiento y vigilancia al comportamiento de la persona elegida», afirmó.
Por su parte, la presidenta de la comisión, la morenista Plásida Calzada Velázquez, señaló que la petición de agregar la imparcialidad provino de la ciudadanía, no de un partido político. «Obedeciendo a la transparencia que ha caracterizado este proceso y dada la demanda social, creemos que la independencia y la imparcialidad deben ser clave en la elección del titular», declaró.
El sistema de evaluación aprobado asignará un puntaje del 1 al 5 a cada aspirante, con un máximo de 20 puntos, basado en los siguientes criterios:
1. Muy limitado e insuficiente en cumplimiento
2. Cumple parcialmente
3. Cumple con el criterio de manera aceptable
4. Supera las expectativas en este criterio
5. Destacado
Además, durante la sesión se abordó el aumento en los reportes de violencia contra menores en León. En el último trimestre se registraron 329 denuncias, principalmente por omisión de cuidados, violencia física, sexual y emocional. De estos casos, 48 menores fueron reintegrados a sus familias, mientras que 38 fueron resguardados en asistencia social.
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