La SSPC asume nuevas facultades de investigación y coordinación en seguridad pública, fortaleciendo la posición de Harfuch en el gabinete.
El Senado de la República aprobó este miércoles una enmienda al artículo 21 de la Constitución, propuesta por el gobierno hace apenas dos semanas, que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch, nuevas facultades para investigar delitos. Esta medida, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su ratificación definitiva, coloca a Harfuch en una posición estratégica, permitiéndole desempeñar un papel similar al de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), que se encuentra bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Un salto en la carrera de García Harfuch
El cambio de enfoque en la SSPC representa un nuevo capítulo para García Harfuch. Antes de su nombramiento como secretario de Seguridad, García Harfuch era reconocido por su desempeño como jefe de la policía en Ciudad de México entre 2019 y 2023. Durante su gestión en la capital, su éxito en la reducción de índices de criminalidad se atribuía, en parte, a la extensa infraestructura policial local, la colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la capacidad investigativa de sus agentes, consagrada en la constitución local. Sin embargo, su llegada al gobierno federal planteaba dudas sobre su capacidad para replicar estos logros, ya que inicialmente no contaba con agentes ni facultades investigativas propias.
Sin acceso directo a la Guardia Nacional, colocada bajo el control de SEDENA desde 2022 a petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, García Harfuch enfrentaba un panorama complejo. Sin una estructura operativa equivalente a la policía capitalina ni herramientas investigativas robustas, su impacto parecía limitado.
El giro que fortalece a la SSPC y la convierte en pilar de seguridad nacional
La reforma constitucional aprobada no solo otorga a García Harfuch el poder para investigar delitos, sino que le permite acceder a un contingente de 10,000 agentes federales provenientes de la extinta Policía Federal. Estos efectivos, cuyo perfil no correspondía al enfoque militar de la Guardia Nacional, vuelven a su dependencia original, la SSPC, con una capacidad investigativa renovada.
La SSPC, fortalecida, se convierte así en el principal órgano de seguridad pública del país, con Harfuch al frente de un esquema de coordinación sin precedentes. Con este cambio, Harfuch dispondrá además de la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), encabezado por Francisco Almazán Barocio, quien cuenta con un equipo de 5,000 elementos. En la práctica, será García Harfuch quien coordine la actuación de todas las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que incluye a la SEDENA, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la FGR y las corporaciones estatales.
Harfuch: «zar de la seguridad»
La reforma plantea que la SSPC no solo liderará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que además coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y supervisará las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. En términos operativos, esto implica que García Harfuch tendrá la facultad de solicitar información a otras instituciones para identificar y esclarecer delitos, un poder que coloca a la SSPC como el centro de mando en la seguridad nacional.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca así centralizar y robustecer las capacidades de la SSPC, con el objetivo de consolidar la estrategia de seguridad pública y mejorar la coordinación entre las distintas dependencias de seguridad en el país.
Fondos de seguridad bajo auditoría
La reforma también implica cambios para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dirigido por Marcela Figueroa. El nuevo texto constitucional establece que el Secretariado auditará y supervisará la aplicación de los fondos de ayuda federal destinados a la seguridad pública en estados y municipios, fortaleciendo la rendición de cuentas y transparencia en el uso de estos recursos.
Este conjunto de modificaciones coloca a García Harfuch como el funcionario más poderoso en el ámbito de la seguridad en México, con un rol de supervisión y coordinación que hasta ahora no había tenido precedente.
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